PARAMARIBO, Suriname.- Los gobiernos del Caribe deben considerar la posibilidad de crear “incentivos fiscales apropiados” para fomentar la inversión en instalaciones de banda ancha que beneficie tanto a los proveedores de servicios como a los usuarios finales en los países de la región.
La recomendación fue hecha en el taller “Llevando la banda ancha a las áreas rurales” que organizó la Unión de las Telecomunicaciones del Caribe (UTC), en esta capital caribeña.
El evento emitió la “Declaración de Paramaribo” en la que se sugiere una serie de medidas dirigidas a fomentar la banda ancha en la región del Caribe.
El evento contó con la participación de delegados de siete países antillanos: Suriname, Trinidad y Tobago, St. Vicent y Grenadines, Dominica, Saint Kitts y Nevis, Monserrat, Guyana y República Dominicana, así como representantes de proveedores de servicios.
La UTC, organizadora del cónclave regional, es una entidad intergubernamental dedicada a facilitar el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el Caribe, con apoyo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).
La delegación dominicana estuvo presidida por el consultor internacional y jefe del proyecto Conectividad Rural de Banda Ancha del Indotel, doctor ingeniero Edwin San Román, quien compartió durante dos días con un auditorio compuesto por representantes de los 7 países la experiencia de llevar la banda ancha a la zona rural de República Dominicana.
San Román destacó que este taller permitió “demostrar una vez más el liderazgo que la República Dominicana ha logrado obtener en el despliegue y uso de la banda ancha en las áreas rurales, gracias a lo cual se ha venido convirtiendo en un ejemplo a seguir para todo el Caribe”.
Informó que en el taller se planteó “explorar asociaciones público-privadas para acelerar el despliegue de servicios de banda ancha sin comprometer el desarrollo de la competencia”.
Igualmente, establecer una norma específica para las velocidades mínimas de ancho de banda que satisfaga los objetivos de banda ancha que sean coherentes con los objetivos de desarrollo económico y social.
También, la necesidad de abordar en la región las barreras a la inversión y adquisición de herramientas y servicios de telecomunicaciones cuando existan.
San Román explicó que en base a la experiencia vivida en República Dominicana y a la realidad de los países del Caribe, los representantes de las naciones participantes emitieron la “Declaración de Paramaribo” en la cual:
Se acepta la visión de que el Caribe basa su desarrollo en un entorno de TICs donde:
· Todos los ciudadanos, independientemente de su edad o ubicación geográfica, deben poder acceder a la mejor formación y los recursos de aprendizaje en el mundo;
· Todos los ciudadanos, residentes y visitantes pueden acceder a información gubernamental de los servicios on-line;
· Las empresas pueden innovar en la entrega de sus productos y servicios para facilitar las necesidades sociales y de desarrollo de una manera responsable, y
· Todas las agencias gubernamentales tienen las herramientas para realizar sus tareas de manera eficiente y transparente.
Manifestó que el objetivo primordial del taller fue desarrollar la capacidad humana, fortaleciendo la cohesión social e impulsando el desarrollo económico en todos los estados miembros de la UTC.
En tal sentido, San Román dijo que para este objetivo los participantes acordaron una serie de recomendaciones, entre las que destacan “revisar y actualizar las Tics existentes y las leyes de telecomunicaciones a fin de incluir disposiciones relativas a la implantación de servicios de banda ancha de una manera transparente y no discriminatoria que fomente un entorno competitivo”.
También, revisar los procedimientos y las leyes existentes relativas al otorgamiento de concesiones y derechos de uso para garantizar la ecuanimidad y la eficiencia; y asegurar que los prestadores de servicios de contenido tengan acceso a instalaciones de redes de banda ancha sobre una base equitativa y no discriminatoria.
Asimismo, asegurar que los prestadores del servicio público proporcionen información sobre la disponibilidad de las redes de banda ancha, incluyendo las características de velocidad; y evaluar cómo los fondos de servicio universal pueden ser utilizados para facilitar el despliegue de servicios de banda ancha;
Enfatizaron en que los reguladores deben asegurarse de que los institutos de enseñanza estén debidamente equipados con las correspondientes instalaciones de Tics y de conectividad y que los educadores estén debidamente capacitados en el uso de estas instalaciones.
“El Gobierno central debe establecer un grupo de trabajo o servicio central de la demanda agregada de los organismos gubernamentales – departamentos, municipios, escuelas, universidades, la seguridad, el gobierno electrónico y los hospitales y centros de salud – con el fin de confirmar las oportunidades de inversión para el sector privado, que fortalezcan la posición de negociación de precios más bajos”, concluyeron.
