SANTIAGO.-Al cierre del año, “la República Dominicana concluyó con una población de veinte mil personas privadas de libertad en 49 instituciones, 42 de las cuales corresponden al sistema de  adultos y siete al de menores de edad”

La información la dio a conocer el Director  General de Prisiones, Mayor General doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, quien aseguró   “que  al 30 de noviembre del pasado año la población era de casi 17 mil y para el año próximo en el país    habrá 22 mil personas en las cárceles, a las cuales aplicarán  tratamiento correccional, suministrando seguridad a la sociedad e impidiendo la reincidencia”.

Advirtió que, “no obstante el nivel de ocupación de las instalaciones correccionales estar en veinte mil, en realidad por las cárceles pasaron este casi  sesenta mil personas privadas de libertad, lo que se corresponde con el promedio mundial de 10 millones de encarcelados y 30 millones en total entrando y saliendo”.

El funcionario manifestó que los datos son parte del informe anual de la institución en donde se revela que el incremento en la población penitenciaria fue de  casi tres mil  internos a lo largo del  2009, año que se destacó por  la inauguración de las nuevas instalaciones de los  Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y la Isleta de Moca.

Pérez Sánchez   explicó  que,  aparte de los casi 500 menores de edad del sistema juvenil, 19,400 personas  guardan prisión en  42 Centros de Privación de Libertad para  adultos; 18,877 son  hombres y 549 mujeres,  de los cuales 63% están en condición de preventivos y un 37% condenados.  Dijo que de la totalidad de la población los hombres representan el 97%   y las mujeres un 3%, mientras que el 94% son dominicanos y el 6% extranjeros.

La institución aplicó tratamiento correccional a los reclusos,  efectuando más de 60 mil  actividades culturales, religiosas, educativas y laborales, en beneficio de ellos y sus familiares, proporcionándoles  una segunda oportunidad, a fin de lograr su rehabilitación y posterior reinserción social.

Durante el año que finaliza Prisiones  ejecutó 16,114 órdenes de prisión,  13,537 órdenes de libertades y 3,147 traslados a distintos centros penitenciarios, manifestó el alto oficial.

Igualmente, se efectuaron    70,900 traslados a tribunales y se atendieron un millón y cuarto de visitantes, un 67% de mujeres, el 28%   hombres y los menores de edad  el  5%.

El Director de Prisiones manifestó que aplicando diversas estrategias, tales como  requisas, operativos sorpresas, acciones conjuntas,  compilación y diseminación de inteligencia, depuración  del personal, imposición de sanciones, mayor supervisión, así  como otras medidas de seguridad, se  interceptaron antes de entrar a la cárcel o en su interior   unos tres mil trescientos instrumentos de comunicación y 3,520 porciones de drogas.

Por otro lado,  se proveyó atención a la salud de las personas privadas de libertad, efectuándose  más de cien mil  chequeos médicos, el  90.6%  dentro de los recintos,  un 9.3% en  hospitales públicos  y un 0.1% en centros privados.

En el transcurso del año, fallecieron 42 internos por tuberculosis, VIH y otras enfermedades con las cuales llegaron a los recintos correccionales; ocho por riñas y tres suicidios.

En otra información  el  Director General de Prisiones Mayor General doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, dijo esperar que se asignen los recursos necesarios  para que la Procuraduría General de la República pueda  seguir extendiendo   el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario.

Pérez Sánchez dijo  que “para ejecutar de manera eficiente los planes  en  favor de la rehabilitación de los internos se necesitan 3 mil 500 millones de pesos, repartidos en  1, 500 para reconstrucción de los Centros de Privación de Libertad, mil  en operaciones, 500 en  la cartera de proyectos pendientes  y 500 en nuevo personal, por lo cual su presupuesto del año entrante es deficitario en dos mil quinientos millones de pesos, mientras sigue creciendo la población carcelaria”.

Dijo que “el gasto en las cárceles es una inversión en beneficio de la sociedad y será necesario reformular el presupuesto de la Dirección de Prisiones, a fin de atender los requerimientos mínimos necesarios del componente correccional del sistema de justicia criminal”.

Reveló que para el próximo año se espera un incremento de  19 mil a  22 mil internos  siendo necesarias nuevas plantas físicas en el Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, La Romana, La Vega e Higuey, y   600 nuevos agentes penitenciarios, por lo que es necesario contar con un mayor presupuesto para la Dirección General de Prisiones, ya que tampoco existen fuentes de financiamiento externo.

Pérez Sánchez reveló que en carpeta para el próximo año Prisiones tiene  22 proyectos por un monto global de 654 millones de pesos,  entre los que se encuentran el  Oficial de Libertad Condicional, el bloqueo de celulares, enfoque de género,  Inteligencia e Investigaciones Correccionales, sistema  biométrico, comisiones de ética, comisiones de vigilancia y sanción, entre  otros no menos importantes.

Declaró que “no es posible avanzar en los planes de modernización   con la asignación  con que cuenta la Dirección General de Prisiones. El tratamiento correccional de los criminales y delincuentes  requiere  más recursos, ya que es la única forma de reducir el crimen y  parar la criminalidad en el país”.

“De  3 mil quinientos millones de pesos que  se requieren para hacer el trabajo apenas 796 fueron consignados en la ley de gastos públicos”, agregó.

En el presupuesto  que concluye este año,  el mayor gasto se produjo en la comida de los internos, casi   700  millones de pesos de los 796 asignados, incluyendo el pago a los Comedores Económicos, gas propano y pago de personal para preparar los alimentos, con lo cual la institución se mantuvo sin poder cubrir sus necesidades más perentorias, manejando únicamente unos  5  millones de pesos a través de fondos reponibles.

El Director de Prisiones Mayor General doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez manifestó que el reto para el año que se avecina es buscar el financiamiento para las operaciones corrientes y de inversión, así como lograr que los congresistas sustituyan el obsoleto marco legal que rige el sistema penitenciario.